sábado, 11 de junio de 2011

Fuego-Fuego


 








Diez meses y cuatro días van del gobierno de “más trabajo mejor pagado”, diez meses y cuatro días que van a todo “carbón” las locomotoras de la prosperidad, diez meses y cuatro días de caos, horror y miedo desde que el gobierno elegido por la unidad nacional de Cambio Radical y el Partido Liberal dirige nuestros destinos. Poco quedaba en la memoria colectiva de días de sosiego e incertidumbre por parte no solo de asuntos como el desempleo y la falta de oportunidades para una población de jóvenes preparados que no ven en que explotar sus habilidades, sino también el que despierta la violencia, la misma que resurgió en los últimos meses ante la ausencia de un mensaje claro, contundente y de sometimiento a los violentos por parte del Ejecutivo.
Hace bastantes años no evidenciábamos la muerte de jueces, aquellos que ponen lo mejor de sus vidas y criterios en derecho para administrar justicia. Pero el miércoles fue ultimada una jueza en Santa Marta, supuestamente víctima de un fleteo. ¿Será cierto lo del fleteo? Y hace pocos meses registramos el asesinato a la indefensa juez Gaona quien con fortaleza desempañaba sus funciones en una región donde hace poco también resurgieron las actividades de los facinerosos que se fortalecen y tratan de amedrentar al país por medio de la violencia.
Este viernes 10 de junio, un muerto y tres heridos dejó el ataque del Frente 60 de las Farc en Argelia (Cauca), con niños entre las víctimas. El secuestro de tres ciudadanos chinos de la multinacional Emerald Energy, revivió la que podríamos llamar la época dorada de las Farc, en la que eran muy frecuentes sus asaltos en las principales vías del país, sus denominadas “pescas milagrosas” o secuestros masivos, en algunos casos bajo instrucciones del guerrillero Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, quien salía muy campante a pocos kilómetros de Bogotá llevando consigo a gentes indefensas en su propósito de aumentar las finanzas de sus jefes del Secretariado General de las Farc.
¿Qué está pasando en estos seis últimos meses del 2011?, ¿Llegó el final de la anterior política de seguridad democrática que permitió unos años de calma relativa en nuestro territorio, pero con estos últimos hechos, nos trae la memoria y a la realidad presente los constantes secuestros a los que en Colombia estábamos sometidos casi diariamente? ¿Acaso los nueve millones de colombianos que votaron por Santos no eligieron la permanencia de la política de seguridad democrática?
Todo indica que el Ministro de Defensa anteriormente era el presidente Álvaro Uribe quien permanecía encima de la tropa, instruía, ordenaba, mandaba, dirigía y exigía por todos los rincones de Colombia, hasta los sitios más alejados, incluso los de más difícil acceso, en selvas donde antes nadie se atrevía a llegar. Varias veces vimos a Uribe pasar el último día del año con nuestros soldados en algún rincón lejano de la patria, desde la puerta de Orión en el Guaviare hasta la tristemente célebre Bojayá en el Chocó, donde él mismo enviaba mensajes de una Colombia sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico.
La misión Uribe era no bajar la guardia ni un segundo, ni cederle ningún espacio a los considerados terroristas por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Todo ese esfuerzo sirvió para cerrarles las puertas a esos violentos, que de intenciones de paz no mostraron, ni han mostrado nada. El anterior gobierno con la ayuda de la comunidad internacional, en países como México facilitó el cierre de la oficina que montaron a finales de los años 90, pero, justo ahora, ¿fatal coincidencia?, quedó libre el señalado guerrillero por las autoridades colombianas, alias “Cienfuegos”. Bien por él que estará presuntamente riéndose de nuestra administración de justicia y de todos los colombianos de bien, como lo harán Granda y compañía; pero esta acción, según ojos críticos, pondría en evidencia otro retroceso en la lucha antiterrorista, mal por nosotros más de 45 millones de colombianos de bien, y mal por nuestros soldados y policías que dan lo mejor de sí con mística para garantizar nuestros derechos y libertades.
Criticado por unos, odiado por otros, pero admirado por muchos, con las trapisondas y demás que quisieron ponerle a su gobierno, con la ordalía inquisidora que muestran nuestros tribunales de justicia persiguiendo a quienes con ahínco, mística y amor por la patria lo dieron todo, para que hoy, sus obras, aquellas que nos mejoraron la vida a tantos colombianos de bien, sean olvidadas. Uribe no solo fue el mejor presidente de los últimos cuarenta años, para nuestra generación y las cuatro que nos anteceden,  él ha sido sin lugar a duda un hombre de Estado y un hombre firme, vertical un hombre de guerra. Para eso lo elegimos presidente en el 2002, para derrotar la violencia por la vía de una política de Estado de seguridad, una política de defensa de las libertades y derechos públicos. Cómo extrañamos los colombianos la dialéctica, el estilo, la humildad y sencillez de quien nos gobernó ocho años, extrañamos los consejos comunitarios, extrañamos su claridad mental y coherencia frente a los desafíos de la patria.
Presidente Santos, insistir, persistir e intentar abrir la puerta al diálogo con quienes han sido por décadas los verdugos de colombianos es un acto, como lo llamó aquel fiscal refiriéndose a la Corte Suprema de injusticias, un acto de alta traición a la patria. Estoy seguro que los nueve millones de colombianos votaron por vuestra inmaculada figura para derrotar a los facinerosos por la vía militar; como llamarían vuestros amigos, fuego a los violentos más fuego.
TWITTER: g_rodriguezm

domingo, 5 de junio de 2011

¿Cacería partidista?




Por GUILLERMO RODRÍGUEZ


El llamado del presidente Juan Manuel Santos a las altas Cortes pidiéndoles ponderación de sus fallos, pone otra vez en boca la frase “politización de la justicia”, por estos días que tan cuestionados andan los fallos de  la Corte Suprema por parte de la opinión pública que al principio creyó en la eficacia de las instituciones, pero que con el pasar de los días ha evidenciado la firme posición política en los fallos emanados, en especial de esta corporación.
El presidente, con su llamado a las altas Cortes de ponderar sus decisiones, se entiende como la posibilidad del juzgador de equilibrar, contrapesar, atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la medida adecuada para un caso concreto, hablando de la realidad social, las normas y los valores sin confundirlos; Kelsen planteó ello como “complejidad pura”. Santos no es el primer presidente que expresa sus opiniones frente a decisiones judiciales controvertidas, la diferencia es que a Santos no se le cuestionan sus opiniones al respecto, frente  los cuestionamientos que se hicieron en su momento a Uribe. ¿Por qué?
¿Cómo no preocuparnos de las decisiones que afectan el normal desarrollo del Estado, máxime cuando se declaran de ilícitas las pruebas recaudadas en una operación militar que se reconoce en providencia como legítima, en donde el material probatorio se embaló y se manejó según los protocolos para no romper la cadena de custodia? ¿Cómo dejar pasar inadvertido una sentencia del Consejo de Estado en la cual se enuncia que el Estado creó la situación de riesgo al instalar una base militar? ¿Acaso no es un fin del Estado velar por la seguridad del territorio a lo largo y ancho del país?
Pues todo esto preocupa obviamente no solo al presidente Santos, también a los institutos dedicados a estudios jurídicos, a juristas, y a ciudadanos del común que ven inapropiadas y salidas de contexto, algunas decisiones de las altas Cortes.
Esta semana que pasó, según fuentes, fue planteada la posibilidad de tipificar los delitos de narcotráfico y lavado de activos a los congresistas involucrados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Al parecer hoy van adelantados tres procesos y para analizar cada caso en particular se rompió la unidad procesal y se abrieron 14 procesos por el escándalo. Lo que llama la atención es por qué se tipificarían los delitos de narcotráfico y lavado de activos a quienes están inmersos en este escándalo.
En el derecho penal últimamente se han acogido en decisiones las tesis del finalismo donde el resultado es el que se reprocha. Atrás quedaron las tesis causalistas que buscaban responsables en una cadena causal que probablemente nunca tendría límite.
Llama la atención desde todo contexto que a los congresistas que están salpicados con este triste episodio de la Dirección Nacional de Estupefacientes se les pretenda imputar los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos pues desde un comienzo se hizo público que el posible delito imputable a quienes en juicio se les compruebe relaciones con depositarios de bienes de la DNE, serían los delitos de tráfico de influencias y conexos pero en ningún momento se socializó la posibilidad de llevarlos a los estrados por delitos tan graves, reprochables y bárbaros como narcotráfico, testaferrato y lavado de activos. ¿Será cierto que así serán calificadas sus conductas por la Corte Suprema de Justicia?
De tener alguna base este rumor, queda un manto muy contundente de la “politización de la justicia” pues de probarse que congresistas convocados por lagartos y especímenes propios de la “política” para ayudar a “gestionar” la administración de bienes incautados al narcotráfico, aquellos honorables estarían incursos del tipo penal de tráfico de influencias, no del tipo narcotráfico y lavado de activos. La justicia debe operar, ser eficaz y más si de tráfico de influencias se trata, pero de ahí a hablar de narcotráfico y lavado de activos es otra cosa. La preocupación es grande pues hay un grueso número de congresistas implicados en el escándalo de un mismo partido político, partido muy afecto a las decisiones del gobierno anterior y que en el evento que se les impute, sean vencidos en juicio de los delitos de narcotráfico y lavado de activos la responsabilidad no solo sería de aquellos que quisieron ser “gestores” de la administración de bienes incautados al narcotráfico, sino también de los partidos políticos a los que pertenezcan, y que por cuenta de este delito su solidaridad estaría en la pérdida de esas curules por cuenta de la silla vacía que opera también en los tipos penales de narcotráfico y lavado de activos. Ojalá la Corte Suprema pondere bien las circunstancias de este grave escándalo y al igual pondere la adecuación típica a cada caso. De lo contrario… estaríamos en una cacería partidista.
TWITTER: @g_rodriguezm