sábado, 11 de junio de 2011

Fuego-Fuego


 








Diez meses y cuatro días van del gobierno de “más trabajo mejor pagado”, diez meses y cuatro días que van a todo “carbón” las locomotoras de la prosperidad, diez meses y cuatro días de caos, horror y miedo desde que el gobierno elegido por la unidad nacional de Cambio Radical y el Partido Liberal dirige nuestros destinos. Poco quedaba en la memoria colectiva de días de sosiego e incertidumbre por parte no solo de asuntos como el desempleo y la falta de oportunidades para una población de jóvenes preparados que no ven en que explotar sus habilidades, sino también el que despierta la violencia, la misma que resurgió en los últimos meses ante la ausencia de un mensaje claro, contundente y de sometimiento a los violentos por parte del Ejecutivo.
Hace bastantes años no evidenciábamos la muerte de jueces, aquellos que ponen lo mejor de sus vidas y criterios en derecho para administrar justicia. Pero el miércoles fue ultimada una jueza en Santa Marta, supuestamente víctima de un fleteo. ¿Será cierto lo del fleteo? Y hace pocos meses registramos el asesinato a la indefensa juez Gaona quien con fortaleza desempañaba sus funciones en una región donde hace poco también resurgieron las actividades de los facinerosos que se fortalecen y tratan de amedrentar al país por medio de la violencia.
Este viernes 10 de junio, un muerto y tres heridos dejó el ataque del Frente 60 de las Farc en Argelia (Cauca), con niños entre las víctimas. El secuestro de tres ciudadanos chinos de la multinacional Emerald Energy, revivió la que podríamos llamar la época dorada de las Farc, en la que eran muy frecuentes sus asaltos en las principales vías del país, sus denominadas “pescas milagrosas” o secuestros masivos, en algunos casos bajo instrucciones del guerrillero Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, quien salía muy campante a pocos kilómetros de Bogotá llevando consigo a gentes indefensas en su propósito de aumentar las finanzas de sus jefes del Secretariado General de las Farc.
¿Qué está pasando en estos seis últimos meses del 2011?, ¿Llegó el final de la anterior política de seguridad democrática que permitió unos años de calma relativa en nuestro territorio, pero con estos últimos hechos, nos trae la memoria y a la realidad presente los constantes secuestros a los que en Colombia estábamos sometidos casi diariamente? ¿Acaso los nueve millones de colombianos que votaron por Santos no eligieron la permanencia de la política de seguridad democrática?
Todo indica que el Ministro de Defensa anteriormente era el presidente Álvaro Uribe quien permanecía encima de la tropa, instruía, ordenaba, mandaba, dirigía y exigía por todos los rincones de Colombia, hasta los sitios más alejados, incluso los de más difícil acceso, en selvas donde antes nadie se atrevía a llegar. Varias veces vimos a Uribe pasar el último día del año con nuestros soldados en algún rincón lejano de la patria, desde la puerta de Orión en el Guaviare hasta la tristemente célebre Bojayá en el Chocó, donde él mismo enviaba mensajes de una Colombia sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico.
La misión Uribe era no bajar la guardia ni un segundo, ni cederle ningún espacio a los considerados terroristas por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Todo ese esfuerzo sirvió para cerrarles las puertas a esos violentos, que de intenciones de paz no mostraron, ni han mostrado nada. El anterior gobierno con la ayuda de la comunidad internacional, en países como México facilitó el cierre de la oficina que montaron a finales de los años 90, pero, justo ahora, ¿fatal coincidencia?, quedó libre el señalado guerrillero por las autoridades colombianas, alias “Cienfuegos”. Bien por él que estará presuntamente riéndose de nuestra administración de justicia y de todos los colombianos de bien, como lo harán Granda y compañía; pero esta acción, según ojos críticos, pondría en evidencia otro retroceso en la lucha antiterrorista, mal por nosotros más de 45 millones de colombianos de bien, y mal por nuestros soldados y policías que dan lo mejor de sí con mística para garantizar nuestros derechos y libertades.
Criticado por unos, odiado por otros, pero admirado por muchos, con las trapisondas y demás que quisieron ponerle a su gobierno, con la ordalía inquisidora que muestran nuestros tribunales de justicia persiguiendo a quienes con ahínco, mística y amor por la patria lo dieron todo, para que hoy, sus obras, aquellas que nos mejoraron la vida a tantos colombianos de bien, sean olvidadas. Uribe no solo fue el mejor presidente de los últimos cuarenta años, para nuestra generación y las cuatro que nos anteceden,  él ha sido sin lugar a duda un hombre de Estado y un hombre firme, vertical un hombre de guerra. Para eso lo elegimos presidente en el 2002, para derrotar la violencia por la vía de una política de Estado de seguridad, una política de defensa de las libertades y derechos públicos. Cómo extrañamos los colombianos la dialéctica, el estilo, la humildad y sencillez de quien nos gobernó ocho años, extrañamos los consejos comunitarios, extrañamos su claridad mental y coherencia frente a los desafíos de la patria.
Presidente Santos, insistir, persistir e intentar abrir la puerta al diálogo con quienes han sido por décadas los verdugos de colombianos es un acto, como lo llamó aquel fiscal refiriéndose a la Corte Suprema de injusticias, un acto de alta traición a la patria. Estoy seguro que los nueve millones de colombianos votaron por vuestra inmaculada figura para derrotar a los facinerosos por la vía militar; como llamarían vuestros amigos, fuego a los violentos más fuego.
TWITTER: g_rodriguezm

domingo, 5 de junio de 2011

¿Cacería partidista?




Por GUILLERMO RODRÍGUEZ


El llamado del presidente Juan Manuel Santos a las altas Cortes pidiéndoles ponderación de sus fallos, pone otra vez en boca la frase “politización de la justicia”, por estos días que tan cuestionados andan los fallos de  la Corte Suprema por parte de la opinión pública que al principio creyó en la eficacia de las instituciones, pero que con el pasar de los días ha evidenciado la firme posición política en los fallos emanados, en especial de esta corporación.
El presidente, con su llamado a las altas Cortes de ponderar sus decisiones, se entiende como la posibilidad del juzgador de equilibrar, contrapesar, atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la medida adecuada para un caso concreto, hablando de la realidad social, las normas y los valores sin confundirlos; Kelsen planteó ello como “complejidad pura”. Santos no es el primer presidente que expresa sus opiniones frente a decisiones judiciales controvertidas, la diferencia es que a Santos no se le cuestionan sus opiniones al respecto, frente  los cuestionamientos que se hicieron en su momento a Uribe. ¿Por qué?
¿Cómo no preocuparnos de las decisiones que afectan el normal desarrollo del Estado, máxime cuando se declaran de ilícitas las pruebas recaudadas en una operación militar que se reconoce en providencia como legítima, en donde el material probatorio se embaló y se manejó según los protocolos para no romper la cadena de custodia? ¿Cómo dejar pasar inadvertido una sentencia del Consejo de Estado en la cual se enuncia que el Estado creó la situación de riesgo al instalar una base militar? ¿Acaso no es un fin del Estado velar por la seguridad del territorio a lo largo y ancho del país?
Pues todo esto preocupa obviamente no solo al presidente Santos, también a los institutos dedicados a estudios jurídicos, a juristas, y a ciudadanos del común que ven inapropiadas y salidas de contexto, algunas decisiones de las altas Cortes.
Esta semana que pasó, según fuentes, fue planteada la posibilidad de tipificar los delitos de narcotráfico y lavado de activos a los congresistas involucrados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Al parecer hoy van adelantados tres procesos y para analizar cada caso en particular se rompió la unidad procesal y se abrieron 14 procesos por el escándalo. Lo que llama la atención es por qué se tipificarían los delitos de narcotráfico y lavado de activos a quienes están inmersos en este escándalo.
En el derecho penal últimamente se han acogido en decisiones las tesis del finalismo donde el resultado es el que se reprocha. Atrás quedaron las tesis causalistas que buscaban responsables en una cadena causal que probablemente nunca tendría límite.
Llama la atención desde todo contexto que a los congresistas que están salpicados con este triste episodio de la Dirección Nacional de Estupefacientes se les pretenda imputar los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos pues desde un comienzo se hizo público que el posible delito imputable a quienes en juicio se les compruebe relaciones con depositarios de bienes de la DNE, serían los delitos de tráfico de influencias y conexos pero en ningún momento se socializó la posibilidad de llevarlos a los estrados por delitos tan graves, reprochables y bárbaros como narcotráfico, testaferrato y lavado de activos. ¿Será cierto que así serán calificadas sus conductas por la Corte Suprema de Justicia?
De tener alguna base este rumor, queda un manto muy contundente de la “politización de la justicia” pues de probarse que congresistas convocados por lagartos y especímenes propios de la “política” para ayudar a “gestionar” la administración de bienes incautados al narcotráfico, aquellos honorables estarían incursos del tipo penal de tráfico de influencias, no del tipo narcotráfico y lavado de activos. La justicia debe operar, ser eficaz y más si de tráfico de influencias se trata, pero de ahí a hablar de narcotráfico y lavado de activos es otra cosa. La preocupación es grande pues hay un grueso número de congresistas implicados en el escándalo de un mismo partido político, partido muy afecto a las decisiones del gobierno anterior y que en el evento que se les impute, sean vencidos en juicio de los delitos de narcotráfico y lavado de activos la responsabilidad no solo sería de aquellos que quisieron ser “gestores” de la administración de bienes incautados al narcotráfico, sino también de los partidos políticos a los que pertenezcan, y que por cuenta de este delito su solidaridad estaría en la pérdida de esas curules por cuenta de la silla vacía que opera también en los tipos penales de narcotráfico y lavado de activos. Ojalá la Corte Suprema pondere bien las circunstancias de este grave escándalo y al igual pondere la adecuación típica a cada caso. De lo contrario… estaríamos en una cacería partidista.
TWITTER: @g_rodriguezm

domingo, 22 de mayo de 2011


¿POR QUÉ LA FISCALÍA NO QUIERE IR A LOS JUICIOS EN IGUALDAD DE ARMAS CON LOS PROCESADOS?


Por Jaime Enrique Granados Peña

Hace unos días escuchaba al Presidente JUAN MANUEL SANTOS hablar de la presunción de inocencia a propósito de las dos investigaciones que actualmente se adelantan ante la Corte Suprema de España en contra del Juez BALTASAR GARZÓN por escuchas ilegales y por prevaricato. Fue curioso escuchar al Jefe de Estado recordar a los colombianos un principio que se entiende evidente en cualquier democracia constitucional y que ha sido exaltado como fundamental en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, bastó una breve reflexión para entender la importancia de ese recordatorio: en Colombia no se aplica la presunción de inocencia. 

Cualquier compatriota desprevenido que tenga la oportunidad de ir a una audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías (que se entiende inmediatamente precedida de la formulación de imputación), podrá constatar lo que acá se está diciendo. Es verdad, en la práctica los fiscales y jueces colombianos han desechado la aplicación del principio de la presunción de inocencia. 

En las escuelas de derecho siempre se nos enseñó -y así lo hicimos nosotros con nuestros alumnos- que la libertad era un derecho fundamental y que a nadie se le podía privar de ese derecho sin haber sido oído ni vencido en un juicio. En otras palabras, que todos los ciudadanos nos presumíamos inocentes hasta que la fiscalía no demostrara lo contrario ante un juez de la república y éste acabara con un convencimiento -más allá de toda duda razonable- de nuestra responsabilidad penal. Sólo ese trabajo demostrativo de la fiscalía (es decir, probatorio) podía derrumbar nuestra presunción de inocencia y permitir que un juez nos privara de nuestra libertad.

Siendo la anterior la regla general, se entendía también que sólo por razones realmente excepcionales (e independientes al hecho investigado) se le podría privar preventivamente la libertad a una persona mientras transcurría su investigación penal, es decir, aún siendo inocente. Esto era que, con evidencia independiente del hecho investigado, se le demostrara a un juez que el procesado podía: (i) evadir su comparecencia al proceso o (ii) podía obstruirlo (por destrucción u ocultamiento de evidencia) o (iii) podría poner en riesgo a la víctima y a la sociedad. Circunstancias, repito, sumamente excepcionales y que requerían ser probadas, en tanto que la mera potencialidad no era suficiente por cuanto si no se fundaban en prueba concreta, resultaban siendo medidas arbitrarias ya que “potencialmente” cualquier procesado podría incurrir en estas hipótesis.

Si he hablado en pasado hasta el momento, no es porque la ley haya cambiado, sino porque, hoy por hoy, la realidad dista bastante de lo que los códigos refieren.

Hoy, señores, la fiscalía poco o ningún esfuerzo hace por demostrar (con prueba, por supuesto) la presencia de estas causales en los procesados y, sin embargo, termina pidiendo que se le prive preventivamente su libertad a las personas, a pesar de ser presuntamente inocentes. Pero más grave aún (pues finalmente la fiscalía es sólo una parte del proceso), los jueces de garantías siempre acaban por acceder a la solicitud de la fiscalía y los pocos valientes que se han atrevido a dejar a los procesados en libertad para que afronten sus procesos como inocentes, han sido condenados por los medios de comunicación e investigados penalmente por la fiscalía por el delito de prevaricato.

¿Qué busca la fiscalía deteniendo a las personas sólo para procesarlas? Tal vez esta pregunta tenga muchas respuestas: presionar a los procesados para que declaren cualquier cosa o contra cualquier persona con tal de poder salir de la cárcel; incidir en la mente del juez de conocimiento llevando a su presencia a un procesado esposado y arrastrado por los guardias del INPEC; limitar el derecho de los procesados a preparar su defensa para un juicio; congraciarse con los medios de comunicación que reclaman airadamente personas en la cárcel; quebrantar la igualdad de armas que debe imperar entre las partes de un juicio. Todas estas son hipótesis pues la verdadera respuesta la debe dar la fiscalía, sin embargo, ninguna de ella justifica que se desconozca la presunción de inocencia.

Ojalá la sociedad colombiana reclamara de nuestros fiscales y jueces la aplicación de la ley con la misma energía con la que en ocasiones se reclama por la cabeza de alguien. Y ojalá los fiscales y jueces reivindicaran motu propio su importantísimo papel en la sociedad y aplicaran con rigor la ley sin el temor de los medios de comunicación.

A propósito de los medios, con respeto hay que referir lo siguiente. La publicidad que ofrecen los procesos penales está diseñada para que estos procedimientos -en los que se juega la suerte de un ser humano- estén revestidos de garantías y de transparencia. De ahí que se supusiera que la presencia de los medios permitiría el pleno cumplimiento de la ley y el apego a la prueba vista por todos en las audiencias.

Desafortunadamente la realidad ha sido otra, pues lo único que ha garantizado en Colombia la presencia de los medios, es que los fiscales y jueces olviden las garantías procesales e intervengan en las audiencias con afirmaciones frías de fundamentos pero fácilmente digeridas por las cámaras; afirmaciones que siempre acaban siendo una respuesta de lo que los mismos medios (que no conocen el derecho ni las pruebas) han reclamado en sus emisiones previas. 

Esto no puede seguir así. La presunción de inocencia no se puede seguir usando a conveniencia. Los derechos y garantías están establecidos para todos los ciudadanos. Cualquiera de nosotros podríamos vernos en algún momento de nuestras vidas involucrados en un proceso penal y lo único que reclamaríamos, sería un juicio justo e imparcial en donde se respete la presunción de inocencia y no se nos lleve a los tribunales como culpables.

Mucho tienen que reflexionar los jueces y fiscales sobre esta materia si queremos seguir diciendo que estamos en un Estado de derecho. En la mayoría de los países del mundo los casos de mayor trascendencia transcurren con el procesado libre y sólo cuando es declarado culpable, se le priva de su libertad. Y en estos países los medios respetan y acompañan la presunción de inocencia.

En Colombia, paradójicamente, ocurre lo contrario. Sólo por citar un ejemplo, ¿qué necesidad tenía la fiscalía de solicitar la privación de la libertad los funcionarios del Ministerio de Agricultura en el caso AIS? Con toda seguridad, si la fiscalía tiene pruebas de su responsabilidad penal, lo podrá demostrar en un juicio, garantizando la defensa de los procesados. Sin embargo, no lo hizo así y prefirió, por el contrario, hacer un gran espectáculo (que hasta los medios han salido a rechazar).

Lo mismo sucedió en el caso del ex director de la UIAF, MARIO ARANGUREN, quien fue enviado a la cárcel en medio de un gran show a pesar de gozar plenamente de su presunción de inocencia. Actualmente ARANGUREN está asumiendo su proceso en libertad, no por una reconsideración de la fiscalía, sino por vencimiento de términos, y sorpresivamente no ha evadido su comparecencia, ni ha obstruido la justicia, ni ha atentado contra las víctimas ni contra la sociedad; tal como reclamó en su momento la fiscalía para solicitar su privación de libertad.

Sólo basta preguntarse, en estos dos ejemplos que he querido citar, (aclarando que no represento a ninguno de ellos, de hecho, ni los conozco) ¿qué sucederá si finalmente un juez los encuentra inocentes?, ¿quién resarcirá esos días que estos inocentes pasaron en la cárcel? ¿quién explicará a sus hijos que la fiscalía decidió separarlos de sus padres sólo para poderlos investigar?

La presunción de inocencia no puede continuar siendo una retórica académica; tiene que ser un derecho exigible a las autoridades públicas.

Lastimosamente, los que acabaremos respondiendo por esta irresponsable feria de medidas de aseguramiento infundadas, seremos los colombianos, pues será con el erario público con el que se pagarán las cuantiosas demandas que interpondrán todas las personas que han sido víctimas de privaciones injustas de su libertad.



¿Estás en la piña?



Por: Juan Heredia Fernández


¿Los corruptos hablan y prometen en acabar y combatir la corrupción actual o de siempre?

Es la pregunta que todos los colombianos nos hacemos siempre y siempre, toda la vida, desde que nacimos para lucharla sin un mal... rifle, que sirva para algo más, que sumirnos en lo que al gobierno de turno se le dé la gana de inventar para seguir convenciéndonos de cambiar la situación, combatir la pobreza y ahora, girar ayudas para los damnificados de las inundaciones, que se están quejando que no reciben ningún peso de todas esas millonadas que hablan los medios de comunicación.

¿Qué será lo que realmente está sucediendo en nuestro país?

A ver, no creen ustedes que siempre es la misma vaina, llegan unos mandatarios y se suben otros, aún peores, que ya han ocupado cargos anteriormente en gobiernos también corruptos,  involucrados en problemas y más problemas, que llegan con el supuesto animo de contribuir a la Nueva Política Estatal, sacar al país de la “hecatombe”  ¿será eso cierto o pura mierda?, vamos a empezar a explicar realmente porque en nuestro país la corrupción, óiganlo muy bien, la corrupción nunca se desterrara, a menos de que deroguemos leyes amañadas y salidas de Honorables Ponentes o sus amigos, también Honorables que no hacen otra cosa que defender sus propios  intereses económicos, ocultando sus verdaderos bienes a través de testaferros, favoreciendo sus empresas a nombre de otros, abriendo cuentas en Bancos Nacionales e internacionales, en pocas palabras, desfalcando el erario, la plática de todos nosotros y hasta la de ellos mismos, porque desgraciadamente también se hacen llamar Honorables colombianos y esto, no solo ocurre acá, también en otros grandes países, pero con otra estirpe y cultura ancestral, que pareciere avanzar en algunas cosas sentimentales y en las otras, le siguen arrebatando y viviendo de los impuestos de los plebeyos, esclavos u obreros, claro, que ellos también celebran los matrimonios, se sienten felices y salen a las calles, con la gran diferencia que en este tiempo, ni a probar le dan de la millonaria torta de tan magna festividad.

Aunque usted, o tú, o ti, no lo creas, a ello se le debe llamar CORRUPCIÓN, por la simple razón de utilizar los dineros del Estado, que nos pertenecen a todos para  un fin y disfrute común en uno totalmente altruista, autoritario y con un destino específicamente egoísta y familiar. Eso mismo que todos nos decimos o pensamos siempre que lo vemos: “Toda esa plata para una fiesta, familia, empresa, grupo empresarial o persona en particular, mejor se hubiera invertido en tal y tal cosa”, eso es cierto, así es, pero seguimos permitiéndolo, lo celebramos, lo trasmitimos por televisión, nos levantamos temprano, mejor dicho, también somos muy felices, por la simple razón de que  eso no es problema mío, ¡error!, si es problemas de todos nosotros y algo debemos hacer para frenar esta barbarie económica para unos pocos y pobreza para muchos.   

Si bien es dicho que cada cual se merece la suerte que ha escogido, no es bien dicho que: Nuestro país se siga mereciendo los mandatarios que escogemos en las urnas, ya que es desde allí donde nace la corrupción en Colombia y el resto del mundo, en mantener un Sistema Electoral permeable, arcaico, débil, corrupto, que siga permitiendo que se sigan “trepando los mismos” y aún mas, sigan delinquiendo con segundos y terceros. Un Sistema Electoral donde se permite que los Registradores, Jurados, Testigos, Jueces y demás miembros de los comicios  sean susceptibles de  parcialidad, donde comparten, defienden ideales y colores políticos, ¡que es esto!, hace ya un tiempo para los comicios a una consulta partidista, me desempeñe como escrutador a favor de un candidato x donde observe como un Juez de la República quien ejercía como clavero, tenia preferencia por un candidato, al igual que el secretario del Despacho del Alcalde y hasta la gente de la Registraduría,  increíble, pero cierto, eso está sucediendo en Colombia, donde la lucha por los votos no solo está en el día de las elecciones, sino posteriormente, donde al día siguiente cuando te abren esas macabras cajas o conteiner  que tienen el tamaño de un cuarto en madera donde cabe una persona con una silla y un pequeño escritorio dispuesta a hacer de las suyas con los tarjetones sin marcar, marcados y que puedan hacerle daño al candidato fuera de la “piña corruptela” de x municipio o localidad. Qué sistema electoral, tan precario y de antaño tenemos actualmente, donde en lo único que hemos avanzado es en la rapidez con la que los registradores amañados y sus secuaces, introducen con ágil velocidad, los resultados de sus candidatos preferenciales o que han “pagado” por la votación que los llevara a ser dignos mandatarios para llevarse a sus arcas el erario de todos, eso si, a las nueve de la noche, ya tienen candidato propio elegido y todo, marica aquellos, que no pagaron el billete necesario para sacar la votación requerida.

¿Será que en Colombia se están respetando los topes máximos para auspicio o gastos de campañas de las candidaturas en todos los órdenes, local, municipal, departamental y nacional?

Sigue comiendo cuento, te doy un pequeño ejemplo,  para las elecciones a la Asamblea departamental de 2007 se tenía como tope máximo para auspiciar o invertir en gastos de campaña, la suma de 147 millones de pesos aproximadamente y si la memoria no me falla, miren señoras y señores, estudiantes y profesionales, ambulantes y comerciantes, micros y empresarios, eso es pura carreta y de la buena, pura mentira, falacia, engaño, un falso juramento a la bandera, que inclusive, me atrevo a expresar que muchos de los ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes y senadores tienen marcado en su cochina conciencia (al que le caiga el guante… ¡que se salven los honestos!) que eso nunca lo han cumplido, por la simple razón que invierten más de los topes permitidos, bien sea, porque involucran: La bienestarina de los programas del I.C.B.F., las ayudas comestibles para los damnificados que ya empezaron a extraviarse, pero no se preocupen, que van apareciendo antes del mes de octubre,  dineros de las alcaldías, edilatos y demás con el fin de favorecer a candidatos de su preferencia, lavado de billete a la lata (empiezan a aparecer aquellos amigos de siempre, los que usted también conoce, no se haga, sucio, deshonesto, insensato), fundaciones, asociaciones y Cooperativas de papel que de la noche a la mañana pasan de ser, sin ánimo de lucro a donantes de grandes cantidades de dinero a muchas campañas, nacen con la idea de buscar recursos y en las épocas electorales, se convierten en auspiciadoras, que tal esa, único en este gran sistema electoral  que nos mandamos los colombianos.

Mejor dicho, en pocas palabras, ese tope dispuesto para gastos de campaña, es pura y física carreta, estos “manes” y “manas” candidatos para esas fechas, se arman de un presupuesto que sobrepasa hasta por diez veces el valor arriba dispuesto, óigalo muy bien, un candidato a la Asamblea estaría utilizando para gastos de campaña más de mil millones de pesos ($1.000.000.000), ¡qué horror, ala!, así es, quien putas, que sea honesto y lleve las mejores ideas políticas con todos los estudios de pre y posgrados, que a duras penas logra conseguir mensualmente un millón de pesos para la casa, puede aspirar a un cargo de estos y aún así, si se le apareciera un “Donald Troms” a prestarle lo permitido para gastos de campaña, cree usted que podría con los de la “piña corruptela”[1]; estos manes y manas no han querido soltarla y se creen los putas boys, tienen una maquinaria diabólica, donde dominan a los mendigos de la política local llamados muy comúnmente, los varilleros o líderes comunitarios, ellos también son los culpables de esta burocracia y dominación cuasiextranjera, porque si usted le echa un vistazo a sus apellidos, ninguno proviene de nuestra raíces, son gente de afuera y los que tienen apellidos de la sangre, se dejaron contagiar de los de afuera, son sus cómplices y monaguillos políticos.

¡Me gusta, así me gusta¡,  que te vayas metiendo en esta verdadera carreta  y que te diviertas con la cruda realidad colombiana, ¡pero no crees tú, ciudadano de bien, que ya esta bueno! y que debemos frenar tanta barbarie económica, injusta e inequitativa, ayúdame a pensar en que podemos hacer por vivir mas bácano,  con mejores oportunidades, crear reales espacios de empleo, posibilidades de buena vida, no quiero seguir oyendo que para ayudar a los pobres, porque esta no es la solución, para ayudar a todos, ya que los que se dicen llamar pobres, a veces tienen hasta mejores oportunidades y ventajas sobre aquellos que son de la “media” o sea, los que nos les gusta sentirse pobres y luchan día  a día para ser mejores personas, estudian, buscan y crean trabajo, se visten bien y huelen rico, se trazan metas y salen adelante, cuanto me gustaría que en Colombia se premiara a aquellas personas o familias “medias” que teniendo mejores ejemplos de superación, logran que la calidad de vida sea mejor, así es, se incentive  aún más a la clase media, con mayores subsidios para vivienda y estudio; se promueva la pensión para todo colombiano que cumpla su edad, sin tanto requisito de semanas cotizadas o por lo menos que reciban por parte del gobierno un bono de alimentación para ancianos. Debemos crear empalmes entre educación y empleo, porque de que nos sirve, educar, si no hay fuentes de empleo, donde nuestros profesionales y técnicos  deban irse a otros países a buscar otras opciones; mejorar en la remuneración, hacerle un seguimiento exhaustivo a nuestro estamento gubernamental para que se cumpla con las funciones encomendadas en la ley local y se respeten los convenios y consensos internacionales, avanzar en política humanitaria y ambientalista, aterrizar en gastos y mejorar en la verdadera inversión productiva y agroindustrial que nos llevara a la organización económica ideal de un país como Colombia, que pide a gritos: JUSTICIA E INVERSIÓN SOCIAL.

Escuchen esto: Muchos de mis amigos elitistas de estrato medio, así es, de estrato medio o tres (3), quiero decir, aquellas personas que por salir de pobres, la luchan fuerte, sin poner cara de lastima y mucho menos de hambre, osea, trabajan en el día y estudian de noche, ese es un gran ejemplo de gente media o estrato tres (3), que si llegare a quedar sin el trabajo que tienen, caen en desgracia y pasan a ser los verdaderamente pobres del Sistema Político actual, son esas personas que también sacan la cara por el país, que vienen de abajo, escalando posiciones y hasta lugar de residencia, desde el barrio El Remanso, Bochica Central, Santa Inés, Bosque Izquierdo, La 19 con 4, la 21 con 8, Ciudad Montes, Mirandela, Tejares del Norte, San Cipriano, Colina Campestre, como ven, gente que quiere superarse y vivir mejor, aportar al gran invento de la estratificación colectiva, esa que se inventara el Dr. Belisario en su mandato presidencial, me imagino que con buenas intensiones para la época, pero que en nuestros tiempos, urge una gran revisión, ya que existen personas que viviendo en un estrato 6, carecen de servicio de salud, pensión y hasta padecen hambre diaria, me han contado de situaciones muy tristes donde ancianos que cayeron en desgracia, han recibido bienes de sus familiares por herencia y la poca pensión que reciben del Seguro Social, no les alcanza para pagar tanta estratificación tan cara, donde solo el agua y alcantarillado se le lleva cada dos meses la mitad de su pensión, sin contar la energía, administración, teléfono, cable, internet, entre otros servicios; esto debería manejarse por la capacidad económica de las personas, no por el costo de un bien inmueble y su supuesta ubicación, ya que se conocen casos, donde un bien inmueble ubicado en un estrato 1 o 2, podría llegar a tener un valor superior al de uno ubicado en un estrato 6. Esta reflexión es para analizar el tema de la estratificación, replantearla y mejorar en la cobertura de las ayudas o subsidios. De igual forma, también se cometen injusticias, cuando a un subsidiado de vivienda para estrato 1 y 2, El Sistema de Gobierno, solo le permite adquirir un modesto rancho en sitios o lugares alejados de la civilización, quiero decir, que lo obligan a vivir, donde al Reinado, se le dé la gana, porque así está escrito en los Decretos y las leyes redactadas por nuestros Honorables Congresistas, quienes al mismo tiempo, pertenecen a la “piña corruptela”.

Un consejo de buena forma, de amigo, de chévere, de vacan a vacan, de ciudadano honesto a honestísimo, ¡pilas con recibir billete por los votos de estos sinvergüenzas!, no vez que estas vendiendo la patria, escuchen esta frase de mi autoría: “Debemos  conservar la democracia pura,  votar a conciencia, construir patria”, eso es, construir, no malvender, si quieres, recíbele el billete, pero de que nos sirve, al hacerlo, les estamos justificando sus delitos, fechorías, dándoles permiso para que sigan haciendo con el país lo que quieran; al sumarle 50 mil  pesos a sus gastos de campaña, lógicamente, tu nunca vas a aparecer dentro del libro contable utilizado para estos fines, ya que eres un instrumento delictivo donde por último, siempre concluyen diciendo: Yo ya te pague mi voto, no te debo nada, eso es, no te debo nada y hago con mi credencial, lo que me venga en gana y favorezca en mis intereses familiares, algo así suena la vaina y todos, así lo entendemos, muy triste e injusto, eso debemos cambiarlo ya, te invito a que vendas tu voto, pero por una sonrisa, por un abrazo, por un ideal justo y equitativo, que favorezca un bien común.         

¿Cree usted que en Colombia existe honestidad por parte de nuestros dirigentes al manejar los dineros públicos?

Pues, pareciera que no, por lo visto en el tan sonado “carrusel de la contratación” y no solo en Bogotá, sino en todo el país, ese fue simplemente el que se destapo, y vaya que si se destapo, con nada más y nada menos, que con los consentidos del contrato en Colombia, ya que al parecer, los señores familiares si pagaban muy bien las famosas e ilegales “coimas” o “porcentajes” que en otros países están autorizadas hasta en un 10%  entre el contratista y quien gestiona el contrato, situación que en nuestro país no se permite debido a que las normas vigentes, sancionan disciplinaria y penalmente a los funcionarios que los perciban por cualquier concepto y debido a que los procedimientos se llevan a cabo a través  de licitaciones públicas, donde se debe actuar de manera imparcial, diligente y ejemplarizante para garantizarle a todos los licitantes igualdad de oportunidades con el fin de escoger al contratista que según los pliegos de condiciones cumpla a cabalidad con el objeto contractual  propuesto para el caso en concreto. Cabe resaltar que en esta oportunidad participaron como deshonestos, el Contralor Distrital  de la Capital, la Directora del IDU – Instituto Distrital de Urbanismo, el Jefe Jurídico, un Senador de la República, quien fuera hermano del Alcalde Mayor de Bogotá, también suspendido tres (3) meses  del cargo por el Procurador General de la Nación, entre otros que están pendientes por sumarse a la cadena o piña corruptela. Según me informó una fuente importante del medio, los señores familiares NULE, tenían montada era un PIRAMIDE al mejor estilo FONSI, donde la única diferencia yacía en que utilizaban dineros provenientes del erario público tanto en Colombia, como en otros países,  donde al utilizar influencias y pago de jugosos porcentajes jugaban con el progreso de la sociedad al constituirse en insolvencia económica con el fin de no cumplir con el objeto contractual y dejar las obras inconclusas y mal terminadas, como debieron hacerlos durante muchos años en todos el territorio nacional y donde sus obras serían construidas con el peor material; valdría la pena revisar todas aquellas obras llevadas a cabo por tan prestante familia bufona, que no hizo otra cosa, que burlarse de la confianza depositada por los verdaderos colombianos de bien, los de raíces de gente de bien, no de aquellos que provienen de sangre caliente de maldad y suspicacia corrupta y desleal. Aclaro que no tengo nada en contra de aquellas familias de bien que han venido de otras naciones a quedarse en Colombia a hacer el bien y generar empleo, a todas ellas, mis respetos y agradecimiento por aportar al crecimiento de mi país.   

¡Ey!, y ni se diga del gran destape de la salud, donde han estado desfalcando al FOSYGA, nuestro Fondo Solidario, esto si que es la tapa, me gustaría que “descabezaran” al ideólogo de todo esto, la verdad, no se quien será, pero a ese le debería caer todo el peso de la ley, junto con todos los secuaces metidos también en las “Empresas Promotoras de Salud y ahora del hurto”, ahora sí que nos está llevando “mandinga”, ¿toda esa platica donde estará? Deberían dar recompensas a todos aquellos que den con el paradero de cada centavo para que no se pierda ni un solo peso; con razón la plata no está alcanzando, la canasta familiar más cara todos los días, la gasolina y que subiendo y eso que somos productores, que tal si importáramos, mejor dicho todo se está poniendo feo por culpa de todos aquellos que pertenecen a la “piña corruptela”, ¡Ey! si, tú, te hablo a ti, honorable pila de m… o como te hagas llamar, eso que haces todos los días y que maquinas con tus mofálicos amigos de la delincuencia, mira el daño que le estás haciendo  a Colombia, reflexiona, es hora de que frenes tanta maldad, actúa honestamente, ¡detente ya!, mira que tanta ambición no te lleva a nada bueno, ese dinero, tarde o temprano se te convierte en maldito, no te rinde, o fijo te lleva una enfermedad bien hijue….,  esa platica no te la vas a llevar al cajón, ni mucho menos te la echarán, pilas, te la dejo ahí, como dijo alguna vez un cantautor vallenato.

¡Hablemos de fútbol!, ¿Que tipos de cambios se le deben implementar en Colombia a nuestros deporte favorito?

El Ex senador Clopatoski encendió la gran fogata, la que a mi parecer, debió hacerse hace mucho tiempo atrás, pero bueno, se le abona la decisión y buena hora, ya que alguien debía hacerlo y con qué arremetida fue esperado por algunos periodistas o comentaristas deportivos, que a leguas se les nota gran interés en Clubes Deportivos  de su preferencia, bueno,  pero avancemos en lo que se requiere para que nuestro fútbol sea equitativo, deportivo y productivo.

Es bien sabido que a nuestro fútbol se le sumaron fuerzas irregulares en tiempo pasados, quiero decir, personajes involucrados con narcotráfico y lavado de activos entre otros, que en su oportunidad hicieron que dichos clubes fueran los mejores de la época, llevándolos incluso a que ocuparan los primeros lugares, con nominas de lujos y ensueños, para nombrar los más sonados, como lo fueron en su oportunidad: Millonarios con los Gacha, América con los Ochoa y el Deportivo Cali con los hermanos Horejuelas, ahora podemos ver a un Deportivo Cali, dando ejemplo en ser uno de los primeros Clubes con hinchas como socios y quienes han logrado hasta construir un estadio propio para el equipo, por el mismo sendero, va en camino el Club de los Millonarios, también se suman equipos con buenas administraciones, el Atlético Junior, Once Caldas, Atlético Nacional, en la B Compensar Fútbol Club, entre otros, pero también existen los que llegan al profesionalismo con problemas de administración y por ende de organización deportiva, debiéndole a sus jugadores salarios vencidos por varios meses, prestaciones sociales entre otras garantizas contractuales, como por ejemplo el Deportes Quindío, quienes en actuación pasada, utilizara la figura de no jugar partidos programados, incluido el cuerpo técnico para presionar a que los Directivos cancelarán lo debido hasta el momento a los jugares y obligándolos a poner a jugar a jóvenes de las inferiores del equipo que a duras penas, alcanzan a ganar $25.000 pesos semanales, como lo es el caso del arquero que actuó en partido entre Millonarios y Quindío, donde los capitalinos ganaron 5 –0 a las inferiores del Quindío; demostrando improvisación y malos manejos en las riendas de un equipo de fútbol que debería contar con todas las garantías laborales y de infraestructura deportiva en todo sentido, estando dentro del rentado profesional de Colombia.

Quiero decir que se debe actuar de manera pronta, coordinada y conforme a la normatividad FIFA del fútbol mundial, creando una ley del fútbol, muy responsable, donde se incluyan garantías reales para los jugadores, Cuerpo técnico, hinchas, con buenos escenarios deportivos, donde se cuente con patrocinadores, empresas y personas comprometidas con el buen desempeño administrativo y deportivo de cada equipo de fútbol en Colombia. Que se exijan verdaderas escuelas del fútbol con todas las garantías sobre sus integrantes, buena paga, incentivos deportivos y educativos, de vivienda digna, salud y demás.
 
En buena hora, se encendió la polémica y creo que debemos unirnos todos los colombianos amantes de este importante deporte, con el fin de aportar nuevas y mejores ideas, transformar el ideal del futbol que saca de pobre a los futbolistas y convertirlo en una excelente fuente de empleo y diversificación deportiva, que inspire entrar en ella y contagiar a los que se alejan por las malas prácticas y  fanáticos desenfrenados en los estadios, vivamos fútbol y buena práctica deportiva, ¡futbol live!.

Próximamente:

¿Qué opinión te merece la “Ley Lleras”?

¿Qué paso realmente con el tema de AIS, si el Señor Ministro Juan Camilo Restrepo, lo rebautizó, es porque grandes cosas debe seguir aportando al país?

¿Debemos prestarle atención al tema ambientalista en Colombia, Explotación desenfrenada de la minería, falta de dragado en los causes de los ríos, más política de aguas, conservación de flora, respeto por el medio ambiente, las zonas de las laderas, redireccionar la planeación municipal en los pueblos ribereños,?



[1] Nombre que le doy a aquellas roscas o grupos  en distintos departamentos que han  dominado el ambiente político por muchas décadas, esos mismos que usted ha escuchado y conoce muy bien.